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¿Qué pasaría si no se prorroga el Estado de Alarma?
Contenido
El Estado de Alarma tiene una duración máxima de 15 días, solo puede ser prorrogado con autorización del Congreso. Para aprobar la prolongación del estado de alarma,el Gobierno requiere de una mayoría simple, si no se alcanza, el estado de alarma quedaría suspendido (así se recoge en el artículo 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio)
Desde la implantación del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, ha habido sucesivas prórrogas. Hoy se vota una nueva, pero ¿qué pasaría si no se prorroga el Estado de Alarma? ¿Las leyes ordinarias pueden restringir los movimientos de la población? ¿Se podrían implantar las medidas de la desescalada que ha aprobado el Gobierno?
¿Qué pasaría si no se prorroga el Estado de Alarma?
Si no se consigue la aprobación del Congreso, el Estado de Alarma quedaría suspendido, tal y como indica la ley. Sin el Estado de Alarma, no tendrán validez las limitaciones y restricciones que hoy en día están vigentes. Las limitaciones y restricciones que llevan impuestas desde marzo no tendrían validez alguna.
Las competencias las dejaría de tener el Ejecutivo y volverían a las Comunidades Autónomas.
¿Si no se prorroga el Estado de Alarma qué leyes se aplicarían para controlar la situación sanitaria?
En el supuesto que no se prorrogue el Estado de Alarma, el Gobierno dispone de legislación básica para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, pero se trata de leyes mucho menos restrictivas que:
- La Ley de Salud Pública
- La Ley de Medidas Especiales
- La Ley de Protección Civil o la Ley de Seguridad Nacional.
- También se podría aprobar de urgencia una ley específica, si fuera necesario.
La moratoria hipotecaria ante el COVID-19
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (dicho Decreto ha sido modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo que extiende los efectos del mismo).
¿Qué es la moratoria hipotecaria?
Una moratoria de hipoteca consiste en dar la posibilidad al cliente de aplazar los pagos de la hipoteca durante un período de tiempo. En el caso de la moratoria aprobada por el Gobierno ante la crisis sanitaria, ese plazo será de tres meses. Ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.
Durante dicho período no se podrá aplicar la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato, ni se aplicarán tampoco intereses moratorios. El banco no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (capital e intereses).
Moratoria hipotecaria: se pospone 3 meses el pago de la cuota, sin condonarla.
Ámbito de aplicación
La moratoria de la deuda hipotecaria se aplica:
- Para la vivienda habitual de las personas físicas
- A los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica
- A las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.
Que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y cuyo préstamo esté vigente en la fecha de entrada del Real Decreto-ley. La moratoria también es aplicable a los fiadores o avalistas del deudor principal con las mismas condiciones que para el titular del préstamo hipotecario.
Requisitos
¿Qué es un ERTE?
Contenido
Desde que se instauró el estado de alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo para combatir el COVID-19, junto con las medidas de restricción de movimientos y confinamiento, aquellas empresas no esenciales y en las cuales el teletrabajo es inviable, han tenido que optar por tramitar un ERTE a sus empleados, bien con la suspensión del contrato de trabajo o con la reducción de la jornada.
Definición
¿Qué es un ERTE? El Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Consiste en la suspensión temporal de los contratos de trabajo, a diferencia del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que consiste en la extinción del contrato.
Este procedimiento es de carácter provisional, está sujeto a un periodo de tiempo, a la conclusión del cual la empresa está obligada a recuperar las condiciones contractuales previas a la implementación del ERTE, así como a mantener los puestos de trabajo de los empleados que se han visto afectados.
Características
El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores regula la figura de los Expediente de Regulación de Empleo temporal. Lo define como: Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
- El empresario, si concurren alguna de esas causas, podrá suspender el contrato de trabajo de todos los trabajadores o de una parte.
- El procedimiento será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión.
- La adopción de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada no generará derecho a indemnización alguna a favor de los trabajadores afectados.
- Las personas trabajadoras percibirán prestación por desempleo tras la pérdida involuntaria, definitiva o temporal de un empleo, o tras la reducción de la jornada diaria de trabajo por encontrarse en situación legal de desempleo, previo en el correspondiente procedimiento de ERTE.
- Como estamos ante una suspensión o reducción de jornada la empresa continúa obligada a ingresar el 100% de la aportación empresarial de cotización a la Seguridad Social.
¿En qué consiste el estado de alarma?
De acuerdo con el Artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En estos dos últimos estados (excepción y sitio) pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales.
Procede la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.
La aplicación de las medidas que se tomen siempre debe ser proporcional al fin buscado. Debe publicarse el estado y las medidas en el BOE para que surta efectos jurídicos. Estos actos pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, que es donde mirarán la proporcionalidad, la justificación y si hay abuso y si hay procedencia de la indemnización.
Estado de Alarma
Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.
El Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Situación de los trabajadores afectados por el coronavirus
Actualizado
Con la situación global del coronavirus, ¿si las autoridades recomiendan a los trabajadores no acudir a trabajar y quedarse en casa? ¿sería abandono del puesto de trabajo? ¿me pagarían esos días que no he ido a trabajar? ¿si la empresa donde trabajo realiza una cuarentena preventiva, cuál sería mi situación?
Estas son algunas de las muchas dudas que surgen a los trabajadores que se puedan ver afectados por la situación del coronavirus.
¿Si no voy a trabajar me pueden despedir?
Si en nuestro país, debido a una emergencia sanitaria, recomiendan a los ciudadanos no salir de sus domicilios, la empresa no puede despedir a los trabajadores excusándose en abandono del puesto de trabajo. Se trataría de faltas justificadas.
¿Qué ocurre con el salario? ¿Me siguen pagando esos días que no puedo ir a trabajar? El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores nos da la respuesta.
Artículo 30 ET
Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo
Es decir, como la imposibilidad de prestar servicios no se puede imputar al empresario, éste puede descontar de la nómina el periodo de ausencias de los trabajadores puesto que se trata de una circunstancia ajena al control de la empresa.