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¿En qué consiste el estado de alarma?
De acuerdo con el Artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En estos dos últimos estados (excepción y sitio) pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales.
Procede la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.
La aplicación de las medidas que se tomen siempre debe ser proporcional al fin buscado. Debe publicarse el estado y las medidas en el BOE para que surta efectos jurídicos. Estos actos pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, que es donde mirarán la proporcionalidad, la justificación y si hay abuso y si hay procedencia de la indemnización.
Estado de Alarma
Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.
El Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Situación de los trabajadores afectados por el coronavirus
Actualizado
Con la situación global del coronavirus, ¿si las autoridades recomiendan a los trabajadores no acudir a trabajar y quedarse en casa? ¿sería abandono del puesto de trabajo? ¿me pagarían esos días que no he ido a trabajar? ¿si la empresa donde trabajo realiza una cuarentena preventiva, cuál sería mi situación?
Estas son algunas de las muchas dudas que surgen a los trabajadores que se puedan ver afectados por la situación del coronavirus.
¿Si no voy a trabajar me pueden despedir?
Si en nuestro país, debido a una emergencia sanitaria, recomiendan a los ciudadanos no salir de sus domicilios, la empresa no puede despedir a los trabajadores excusándose en abandono del puesto de trabajo. Se trataría de faltas justificadas.
¿Qué ocurre con el salario? ¿Me siguen pagando esos días que no puedo ir a trabajar? El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores nos da la respuesta.
Artículo 30 ET
Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo
Es decir, como la imposibilidad de prestar servicios no se puede imputar al empresario, éste puede descontar de la nómina el periodo de ausencias de los trabajadores puesto que se trata de una circunstancia ajena al control de la empresa.
Vacaciones e incapacidad temporal
El derecho a las vacaciones se regula en el artículo 40.2 Constitución Española “los poderes públicos (…) garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas.”
En el Estatuto de los trabajadores se regula en el artículo 38 ; a nivel Europeo aparece en el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CEE y a nivel internacional en el Convenio 132 sobre las vacaciones pagadas de la OIT ratificado por España en 1970.
¿Qué derechos derivan del derecho a las vacaciones?
- Derecho a un período de descanso anual.
- A que ese período sea retribuido por el empresario.
- De acuerdo al apartado 1 del artículo 38 ET todo trabajador tiene derecho a 30 días anuales de vacaciones retribuidas.
Los principios del procedimiento administrativo común
Tras la derogación de la Ley 30/1992, se han elaborado dos leyes independientes:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados.
- La ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público: fija la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, y el específico para la Administración General del Estado (AGE). Además, contiene las relaciones internas entre las Administraciones.
En un post anterior, explicamos las novedades la Ley 39/2015 . Ahora volvemos a hablar de esta ley, pero nos vamos a centrar en los principios del procedimiento administrativo común.
Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo
La Constitución española establece en su art. 149.1.18º que es una competencia exclusiva del Estado aprobar “las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas., que garanticen en todo caso a los administrados un tratamiento común entre ellas; y, además el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.”
Nota/recomendación de la autora: Si eres opositor, memoriza el artículo 149 de la Constitución; en la mayoría de los exámenes hay alguna pregunta sobre las materias exclusivas el Estado.
El Título IV de la Ley 39/2015, es el denominado “De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”, el cual se divide en 7 capítulos, que son:
- Garantías del procedimiento.
- Iniciación del procedimiento.
- Ordenación del procedimiento.
- Instrucción del procedimiento.
- Finalización del procedimiento.
- De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
- Ejecución.
¿Es legal grabar conversaciones?
El artículo 18.3 de la Constitución española indica:
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Pero nos podemos preguntar: ¿nuestro Derecho contempla las grabaciones y su uso posterior? ¿se pueden usar como prueba en un juicio? La respuesta a estos interrogantes es depende.
Hay que tener en cuenta dos supuestos, una cosa son las grabaciones propias, es decir, que participes en ellas y otra cosa son las grabaciones ajenas.
Si una persona no es parte en la conversación y la graba, está vulnerando un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.3 CE, pero si graba una conversación propia no comete ningún ilícito.
Grabación de una conversación como medio de prueba
La doctrina del Tribunal Supremo considera que aunque la grabación se haya realizado sin autorización del interlocutor, y por tanto se grabó ocultándoselo y sin ser advertido de ello, tiene validez como medio de prueba.
Las razones por las cuales la grabación de una conversación como medio de prueba válido y eficaz son: