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¿Es legal el referéndum de independencia de Cataluña?
Sin entrar en cuestiones políticas, vamos a explicar si es legal o no el referéndum de independencia de Cataluña y el procedimiento para realizar un referéndum en España. Todo desde un punto de vista jurídico, de acuerdo a las leyes de nuestro ordenamiento.
En primer lugar tenemos que tener claro que es un referéndum: es una modalidad de consulta popular. Se trata de un instrumento de participación política directa, es decir, se recaba la opinión del cuerpo electoral respecto a determinados asuntos políticos.
Todos los referéndums son consultas populares, pero no todas las consultas son referéndums. Clic para tuitear
Siguiendo el concepto que da el Tribunal Constitucional, STC 103/2008, de 11 de septiembre, indica: “el referéndum es una especie del género “consulta popular” con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral respecto de asuntos públicos propios del artículo 23 de la Constitución, y que se sustancia a través del correspondiente proceso electoral (…) su convocatoria queda dentro de la reserva exclusiva que, a favor del Estado, contiene el artículo 149.1.32 de la Constitución.”
Proceso para incapacitar a una persona
En primer lugar debemos diferenciar la capacidad jurídica de la capacidad de obrar:
- Capacidad jurídica: es la aptitud que poseen todas las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta capacidad no se puede moficiar, es inherente a las personas.
- Capacidad de obrar: es la aptitud para el ejercicio de los derechos y obligaciones, es decir, la capacidad que tienen las personas para realizar actos con eficacia jurídica. La capacidad de obrar se alcanza con la mayoría de edad. Esta capacidad se puede modificar por sentencia judicial.
Cuando se quiere incapacitar a una persona, hablamos de incapacitar su capacidad obrar. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula el proceso de incapacitación o la modificación de la capacidad de obrar. Esta acción persigue una declaración judicial por la cual se restringe la capacidad de obrar de una persona que no puede gobernarse por sí misma.
El proceso para incapacitar a una persona
El proceso de incapacitación o modificación de la capacidad de obrar persigue proteger al incapaz, suprimiendo o limitando su capacidad de obrar y nombrar a un tutor o curador, como representante legal suyo para que vele por sus intereses.
La devolución de los gastos hipotecarios
El 23 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde consideraba abusivas las cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas y por tanto, nulas de pleno derecho.
Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y aquellas prácticas no consentidas expresamente, en contra de las exigencias de la buena fe. Creando un perjuicio al consumidor y usuario. Se produce un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, así se recoge en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Igualmente el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios indica que también son abusivas aquellas cláusulas que hagan cargar al consumidor con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza corresponda al empresario. También aquellas que impongan el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
Se contravienen normas de carácter imperativo siendo la declaración de nulidad plenamente ajustada a derecho.
¿Cuáles son los gastos que puedo reclamar?
Los gastos hipotecarios son:
- Los derivados del pago de notaría.
- Los gastos de gestoría, siempre y cuando la impusiera el banco.
- Gastos del Registro de Propiedad.
- Los impuestos y la tasación que se pagaron en el momento de firmar la hipoteca. Respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) hay criterios dispersos sobre su devolución.
Estos gastos varían según la Comunidad Autónoma, el tipo de banco y el año de constitución. Pero aproximadamente serán unos 3.000 euros de devolución de los gastos hipotecarios.
La cláusula suelo del Banco Popular
El 7 de julio de 2017 el Banco Santander compró por un euro el Banco Popular. El Santander se tiene que hacer cargo de todos los contratos, los préstamos y los depósitos que contaba el grupo Popular.
En esta compra han resultado perjudicados en primer lugar los accionistas y por otro lado, los clientes que tenían su dinero en la entidad bancaria adquirida.
La compraventa del Banco Popular nos hace surgir varias preguntas: ¿qué ocurre con las hipotecas que tenía el Popular?, o ¿qué sucede con la cláusula suelo? ¿y los gastos hipotecarios?
¿Qué ocurre con la Hipoteca?
Respecto a las hipotecas, todos los clientes tendrán que seguir haciendo frente a los pagos. La deuda se pasará a tener con la nueva entidad (Banco Santander) en las mismas condiciones, puesto que se trata de un contrato cerrado y firmado ante notario. La obligación de pago no desaparece cuando un banco se fusiona con otro.
El delito de abandono de animales
Más de 137.000 perros y gatos son abandonados cada año en España y solo el 45% de los animales domésticos recogidos por las protectoras son adoptados.
Según el Estudio de Fundación Affinity sobre el abandono y la adopción, en el año 2016 un total de 104.447 perros y 33.335 gatos fueron recogidos por las sociedades protectoras en nuestro país. A pesar de la creciente conciencia social a favor de sus derechos sigue siendo una cifra muy alta.
Nuestra legislación sanciona tanto el maltrato como el abandono de animales, en la vía penal y administrativa.
Novedades tras la reforma del Código Penal
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (modifica el Código Penal), modifica el artículo 337 del Código Penal que regula el maltrato animal. Con la reforma se amplia de forma sustancial la protección penal de los animales: