Categoría: Terminología jurídica

¿En qué consiste el estado de alarma?

que es el estado de alarmaDe acuerdo con el Artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En estos dos últimos estados (excepción y sitio) pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales.

Procede la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

La aplicación de las medidas que se tomen siempre debe ser proporcional al fin buscado. Debe publicarse el estado y las medidas en el BOE para que surta efectos jurídicos. Estos actos pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, que es donde mirarán la proporcionalidad, la justificación y si hay abuso y si hay procedencia de la indemnización.

 Estado de Alarma

Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

El Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

Los principios del procedimiento administrativo común

principios procedimiento administrativoTras la derogación de la Ley 30/1992, se han elaborado dos leyes independientes:

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados.
  • La ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público: fija la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, y el específico para la Administración General del Estado (AGE). Además, contiene las relaciones internas entre las Administraciones.

En un post anterior, explicamos las novedades la Ley 39/2015 . Ahora volvemos a hablar de esta ley, pero nos vamos a centrar en los principios del procedimiento administrativo común.

Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo

 La Constitución española establece en su art. 149.1.18º que es una competencia exclusiva del Estado aprobar “las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas., que garanticen en todo caso a los administrados un tratamiento común entre ellas; y, además el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.”

Nota/recomendación de la autora: Si eres opositor, memoriza el artículo 149 de la Constitución; en la mayoría de los exámenes hay alguna pregunta sobre las materias exclusivas el Estado.

El Título IV de la Ley 39/2015, es el denominado “De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”, el cual se divide en 7 capítulos, que son:

  1. Garantías del procedimiento.
  2. Iniciación del procedimiento.
  3. Ordenación del procedimiento.
  4. Instrucción del procedimiento.
  5. Finalización del procedimiento.
  6. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
  7. Ejecución.

Test de oposiciones

test de oposicionesEn el temario de la mayoría de oposiciones hay unos temas en común: la Constitución, Corona, organización territorial, etc. ¿Serías capaz de aprobar este test de oposiciones?

El delito de sedición

delito de sediciónEl 12 de febrero de 2019 comenzóel proceso judicial contra el ‘procés‘ soberanista catalán. Hoy, 14 de octubre de 2019 se hace pública la sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal ha decretado penas de prisión de entre 9 y 13 años para los acusados por un delito de sedición.

Pero ¿en qué consiste ese delito? ¿Qué diferencia existe con el delito de rebelión?

Delito de sedición

Se recoge en el artículo 544 del Código Penal. Se exige una conducta colectiva pues se caracteriza por un alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

El  bien jurídico protegido es la seguridad pública y se protege el principio de autoridad, se trata de un delito contra el orden público.

¿Cómo se impugna una pregunta de oposición?

Anular o impugnar una pregunta de oposición¿Cómo se impugna una pregunta de oposición? El artículo 23.2 de la Constitución regula el derecho de acceso a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por ello, cualquier irregularidad o vulneración de este derecho da lugar a que los perjudicados puedan impugnar la oposición de forma total o parcial,  e interponer recursos tanto en la vía administrativa como judicial.

En un examen de oposición pueden existir errores: preguntas mal formuladas, respuestas repetidas, varias respuestas correctas, etc. Es por ello que los opositores tienen la opción de anular o impugnar las preguntas.

Pero ¿cuándo y cómo se impugna una pregunta de oposición? Pues existen varias opciones y varios momentos para hacerlo:

  • Tras la publicación de la plantilla de respuestas del examen, si se aprecia algún error, se puede dirigir un escrito al tribunal o al órgano que se determine en las bases de la convocatoria. Solicitando la anulación de una o varias preguntas y que se tengan en cuenta las preguntas de reserva.
  • Posteriormente podemos recurrir las listas provisionales que han superado la prueba
  • Y por último, se puede recurrir la lista definitiva:
    • Si la lista la publica el Tribunal, podemos interponer recurso de alzada en el plazo de un mes. Si se nos desestima, se puede interponer en el plazo de 2 meses recurso contencioso-administrativo
    • Si la lista es publicada por el órgano resolutivo, se trata de un acto que pone fin a la vía administrativa, por tanto se puede interponer recurso de reposición o acudir directamente a la vía judicial.