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Categoría: Oposiciones
Los principios de la potestad sancionadora
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, regula dentro del Título Preliminar en el capítulo tercero los principios de la potestad sancionadora.
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas tiene como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo del orden jurídico-administrativo vigente, e impidiendo que se consoliden situaciones antijurídicas e imponiendo sanciones administrativas a los responsables de los ilícitos administrativos.
Qué es la potestad sancionadora
Se puede definir como una prerrogativa que tienen las Administraciones Públicas. Este privilegio les permite corregir el incumplimiento de los mandatos legales mediante la imposición de sanciones, como respuesta a conductas tipificadas como infracción.
Características
- Se trata de una potestad pública vinculada con la ley.
- La Administración tiene la facultad de aplicar normas sancionadoras existentes y puede innovar el régimen jurídico sancionador.
- Se trata de una potestad subordinada a la autoridad judicial. Esto supone que los órganos de la Administración no pueden llevar a cabo actuaciones sancionadoras sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal u otras leyes penales especiales.
- El ejercicio de la potestad sancionadora influye sobre los derechos y libertades fundamentales de los administrados, se deben respetar el conjunto de derechos que reconoce la Constitución.
- Esta potestad es puramente formal y se rige por el procedimiento sancionador. La garantía procedimental es muy importante en el ámbito punitivo.
Los principios de la potestad sancionadora
En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común se regulan los principios del procedimiento administrativo, principios comunes a todo tipo de procedimiento y a mayores, el procedimiento sancionador tiene unos determinados principios, regulados en la Ley 40/2015:
¿Qué es el silencio administrativo?
El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común regula la obligación que tiene la Administración de resolver y notificar en todos los procedimientos. Pero, ¿qué ocurre si la Administración no resuelve? Estamos ante la figura del silencio administrativo. Esta ausencia de resolución expresa por parte de la Administración, se puede tener por estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo).
Concepto
El silencio administrativo se produce cuando el ordenamiento jurídico atribuye unas consecuencias jurídicas a la falta de resolución expresa, dentro del plazo, por parte de la Administración. Viene recogido en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La finalidad de esta figura jurídica es, por un lado, salvaguardar los derechos e intereses de aquellos que formulan peticiones, reclamaciones o recursos no resueltos y por otro, en interés a la celeridad o eficacia administrativa.
Tipos de silencio administrativo
- Silencio negativo: se presumen que la Administración deniega la petición, recurso o reclamación interpuesta por el interesado.
- Silencio positivo: como la Administración no ha sido diligente y no ha resuelto y notificado en plazo, ese silencio se convierte en un acto positivo. Es decir, estimatorio de nuestras pretensiones.
Si el procedimiento fue iniciado de oficio, los efectos del silencio serán diferentes de aquellos procedimiento que se inician a instancia de parte.
Los principios del procedimiento administrativo común
Tras la derogación de la Ley 30/1992, se han elaborado dos leyes independientes:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados.
- La ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público: fija la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, y el específico para la Administración General del Estado (AGE). Además, contiene las relaciones internas entre las Administraciones.
En un post anterior, explicamos las novedades la Ley 39/2015 . Ahora volvemos a hablar de esta ley, nos vamos a centrar en los principios del procedimiento administrativo común. Si te ves inmerso en cualquier asunto administrativo (temas de contratación pública, responsabilidad patrimonial, solicitud de subvenciones, uso de los bienes de dominio público, expropiaciones o expedientes sancionadores, entre otros), lo más recomendable es contar con el servicio de abogados administrativos especializados en asistencia y asesoramiento en procedimientos administrativos. Especialistas tanto en la Ley 39/2015 como en la Ley 40/2015, conocerán todas las fases del procedimiento, aplicarán la mejor estrategia y que más beneficie tu situación.
Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo
La Constitución española establece en su art. 149.1.18º que es una competencia exclusiva del Estado aprobar “las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas., que garanticen en todo caso a los administrados un tratamiento común entre ellas; y, además el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.”
Nota/recomendación de la autora: Si eres opositor, memoriza el artículo 149 de la Constitución; en la mayoría de los exámenes hay alguna pregunta sobre las materias exclusivas el Estado.
El Título IV de la Ley 39/2015, es el denominado “De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”, el cual se divide en 7 capítulos, que son:
- Garantías del procedimiento.
- Iniciación del procedimiento.
- Ordenación del procedimiento.
- Instrucción del procedimiento.
- Finalización del procedimiento.
- De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
- Ejecución.
¿Cómo se impugna una pregunta de oposición?
¿Cómo se impugna una pregunta de oposición? El artículo 23.2 de la Constitución regula el derecho de acceso a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por ello, cualquier irregularidad o vulneración de este derecho da lugar a que los perjudicados puedan impugnar la oposición de forma total o parcial, e interponer recursos tanto en la vía administrativa como judicial.
En un examen de oposición pueden existir errores: preguntas mal formuladas, respuestas repetidas, varias respuestas correctas, etc. Es por ello que los opositores tienen la opción de anular o impugnar las preguntas.
Pero ¿cuándo y cómo se impugna una pregunta de oposición? Pues existen varias opciones y varios momentos para hacerlo:
- Tras la publicación de la plantilla de respuestas del examen, si se aprecia algún error, se puede dirigir un escrito al tribunal o al órgano que se determine en las bases de la convocatoria. Solicitando la anulación de una o varias preguntas y que se tengan en cuenta las preguntas de reserva.
- Posteriormente podemos recurrir las listas provisionales que han superado la prueba
- Y por último, se puede recurrir la lista definitiva:
- Si la lista la publica el Tribunal, podemos interponer recurso de alzada en el plazo de un mes. Si se nos desestima, se puede interponer en el plazo de 2 meses recurso contencioso-administrativo
- Si la lista es publicada por el órgano resolutivo, se trata de un acto que pone fin a la vía administrativa, por tanto se puede interponer recurso de reposición o acudir directamente a la vía judicial.