Categoría: Derecho Procesal

Cómo reclamar un accidente de tráfico

reclamar un accidente de tráficoPor el hecho de la existencia de un accidente de tráfico, aparece la obligación del sujeto que lo causa de hacer frente a los daños ocasionados. Esto consiste en la responsabilidad civil, se debe responder por cualquier daño causado a las personas o las cosas presentes en el accidente.

Así, cuando eres víctima de un accidente de tráfico debes saber que puedes reclamar por los daños ocasionados tanto a tu persona como a tu vehículo. Se deben tener en cuenta algunos aspectos:

  • El parte de accidente se debe rellenar correctamente y hay que entregarlo a la aseguradora.
  • Si tiene lesiones, acuda a urgencias inmediatamente.
  • Si no tienes seguro o la otra parte no tuviera en el momento del accidente, intervendría el Consorcio de Compensación se Seguros.

Reclamar un accidente de tráfico

Producido el accidente de circulación, se podrá reclamar la indemnización tanto por daños personales (días de hospitalización, días impeditivos y no impeditivos, secuelas, etc), como por los gastos derivados del accidente (rehabilitación privada, collarines, medicación, transporte, daños del vehículo, etc).

El perjudicado o sus herederos tienen la acción directa para exigir esta indemnización.

La responsabilidad penal del menor

responsabilidad penal del menor¿Qué ocurre si un menor comete un delito? ¿Existe la responsabilidad penal del menor? La respuesta la tenemos en el artículo 19 del Código Penal. Si un menor de 18 años comete un delito será juzgado por la Ley de Responsabilidad Penal del menor y no se le aplicará el Código Penal.

Por tanto, los menores de edad están exentos de responsabilidad criminal, de acuerdo al Código Penal. Pero si cometen un delito se aplica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La responsabilidad penal del menor

La ley de responsabilidad penal del menor prevé un modelo de responsabilidad: el menor responde penalmente igual que un adulto, enfrentándose a un proceso penal con un Juez, un Fiscal y un abogado defensor.

En la Ley penal del menor prevalecen los intereses del menor, y se busca su reeducación y reinserción social, sobre todo a través de la educación. Por eso no prevé penas, sino medidas socioeducativas.

Pero no todos los menores tienen responsabilidad penal. Nuestro ordenamiento jurídico tiene un sistema biológico puro de determinación de la minoría de edad penal.

¿Quién paga las costas en un juicio?

quien paga las costas en un juicioLa realización de un proceso judicial supone una serie de gastos. Debemos diferenciar entre gastos procesales y costas procesales, no es lo mismo.

El artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento civil diferencia entre los gastos del proceso y las costas:

  • Los gastos procesales son aquellos desembolsos de tipo económico que tienen un origen directo o inmediato con la existencia de un proceso.
  • Las costas procesales o costas judiciales son todos aquellos gastos que se requieren para llevar a cabo un juicio, estos gastos comprenden desde el inicio del proceso hasta su finalización. Es decir, se refieren al pago de una serie de conceptos que enumeraremos más adelante y se originan durante la tramitación de un procedimiento judicial.

Hoy nos vamos a centrar en las costas que se generan en un juicio.

¿Qué gastos incluyen las costas?

El artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento civil enumera lo que se considerará costas:

  • Honorario del abogado y  procurador, cuando su intervención sea obligatoria.
  • Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • Honorarios de los peritos.
  • Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
  • Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva.

El delito de usurpación de funciones

delito-de-usurpación-de-funcionesEl pasado 28 de octubre de 2017 se declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña. El Senado vota la aplicación del artículo 155 de la Constitución y es ratificado por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario.

Tal y como vimos en el post “¿Qué es el artículo 155 de la Constitución?“, las medidas de este precepto afectan al Govern, al Parlament y a la Administración catalana y entre ellas se encuentra el cese del Presidente de la Generalitat, del Vicepresidente y de  los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Así se recoge en el Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que dispone: “el  cese  del  M.H.  Sr.  Presidente  de  la  Generalitat  de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó“.

¿Qué ocurre si no cesan en sus funciones?

Estaríamos ante un delito de usurpación de funciones del artículo 402 del Código Penal. El ilícito consiste en el ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario, careciendo de las condiciones precisas para su ejercicio. Recoge penas privativas de libertad de uno a tres años.

Se encuadra dentro de los delitos de falsedad.

Artículo 402 CP
El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

El delito de sedición

delito de sediciónEl 27 de septiembre de 2017 la Audiencia Nacional ha admitido la denuncia de la Fiscalía por sedición por los sucesos ocurridos en Barcelona en los días 20 y 21 de septiembre.

Pero ¿en qué consiste ese delito? ¿se puede aplicar para una situación como la que se está viviendo en Cataluña?

Delito de sedición

Se recoge en el artículo 544 del Código Penal. Se exige una conducta colectiva pues se caracteriza por un alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

El  bien jurídico protegido es la seguridad pública y se protege el principio de autoridad, se trata de un delito contra el orden público.