Categoría: Derecho Constitucional

¿Se puede prorrogar el estado de alarma un mes?

se puede prorrogar un mes el estado de alarmaEl Ejecutivo se prepara para solicitar al Congreso la última prórroga del estado de alarma, siendo la quinta desde el inicio de la crisis sanitaria provocado por el Covid-19. Esta vez, la diferencia con el resto de prórrogas es que el Gobierno quiere ampliar la duración a 30 días, en lugar del plazo habitual de los 15 días.

¿Se puede prorrogar el estado de alarma un mes?

Tal y como explicamos en el post “¿En qué consiste el estado de alarma?“, el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, indica expresamente:

“En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.”

Y la Constitución en su artículo 116.2 indica:

“El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”

La Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 no especifica el plazo máximo por el que se puede prorrogar el estado de alarma.

Por tanto, ¿se puede prorrogar el estado de alarma un mes? La respuesta no está clara. Hay distintas opiniones por parte de los juristas.

Una parte de los juristas indican que una cosa es que no existan límites de prórrogas y otro que dichas prórrogas se propongan por más de 15 días. Aplicando el principio de analogía, en los procedimientos administrativos y procedimiento judiciales se pueden prorrogar los plazos, pero nunca por más tiempo del que fija el plazo. Es decir, se puede doblar, triplicar… el plazo pero siempre la misma cantidad de días o menos, nunca más.

Otras opiniones, la mayoría, están a favor de que se pueda prorrogar el estado de alarma un mes, argumentan que no existe una limitación de la duración del estado de alarma, por ello es posible solicitar una prórroga por más de 15 días. De hecho en España tenemos un antecedente. En el estado de Alarma de los controladores aéreos de 2010, la prórroga fue de un mes y no de 15 días (El 14 de diciembre de 2010, un Consejo de Ministros extraordinario acordó prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero de 2011, decisión que ratificó el Congreso).

¿Se puede prorrogar el estado de alarma un mes? La mayoría de los expertos indican que sí es posible y no sería inconstitucional Clic para tuitear

Conclusiones

¿Quién tiene razón? Al final es una interpretación de la ley.

Si se hace una interpretación restrictiva, surgen dudas sobre si se puede o no prorrogar el estado de alarma un mes. Si se opta por una interpretación más abierta, teniendo en cuenta la normativa, se indica que en caso de prórroga se debe autorizar por el Congreso y se podrá establecer tanto el alcance como las condiciones de este estado. Por tanto, se puede deducir que la duración puede ser mayor a 15 días. La Constitución no limita a 15 días la prórroga, 15 días es el plazo inicial sin autorización del Congreso.

La mayoría de los expertos indican que las prórrogas del estado de alarma que el Gobierno solicite al Congreso de los Diputados pueden realizarse por el tiempo que el Ejecutivo considere oportuno y será la cámara baja la encargada de autorizar o no dicha prórroga.

¿Qué pasaría si no se prorroga el Estado de Alarma?

no se prorroga el Estado de AlarmaEl Estado de Alarma tiene una duración máxima de 15 días, solo puede ser prorrogado con autorización del Congreso. Para aprobar la prolongación del estado de alarma,el Gobierno requiere de una mayoría simple, si no se alcanza, el estado de alarma quedaría suspendido (así se recoge en el artículo 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio)

Desde la implantación del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, ha habido sucesivas prórrogas. Hoy se vota una nueva, pero ¿qué pasaría si no se prorroga el Estado de Alarma? ¿Las leyes ordinarias pueden restringir los movimientos de la población? ¿Se podrían implantar las medidas de la desescalada que ha aprobado el Gobierno?

¿Qué pasaría si no se prorroga el Estado de Alarma?

Si no se consigue la aprobación del Congreso, el Estado de Alarma quedaría suspendido, tal y como indica la ley. Sin el Estado de Alarma, no tendrán validez las limitaciones y restricciones que hoy en día están vigentes.  Las limitaciones y restricciones que llevan impuestas desde marzo no tendrían validez alguna. 

Las competencias las dejaría de tener el Ejecutivo y volverían a las Comunidades Autónomas.

¿Si no se prorroga el Estado de Alarma qué leyes se aplicarían para controlar la situación sanitaria?

En el supuesto que no se prorrogue el Estado de Alarma, el Gobierno dispone de legislación básica para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, pero se trata de leyes mucho menos restrictivas que:

¿En qué consiste el estado de alarma?

que es el estado de alarmaDe acuerdo con el Artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En estos dos últimos estados (excepción y sitio) pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales.

Procede la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

La aplicación de las medidas que se tomen siempre debe ser proporcional al fin buscado. Debe publicarse el estado y las medidas en el BOE para que surta efectos jurídicos. Estos actos pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, que es donde mirarán la proporcionalidad, la justificación y si hay abuso y si hay procedencia de la indemnización.

 Estado de Alarma

Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

El Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

Los principios del procedimiento administrativo común

principios procedimiento administrativoTras la derogación de la Ley 30/1992, se han elaborado dos leyes independientes:

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados.
  • La ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público: fija la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, y el específico para la Administración General del Estado (AGE). Además, contiene las relaciones internas entre las Administraciones.

En un post anterior, explicamos las novedades la Ley 39/2015 . Ahora volvemos a hablar de esta ley, pero nos vamos a centrar en los principios del procedimiento administrativo común.

Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo

 La Constitución española establece en su art. 149.1.18º que es una competencia exclusiva del Estado aprobar “las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas., que garanticen en todo caso a los administrados un tratamiento común entre ellas; y, además el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.”

Nota/recomendación de la autora: Si eres opositor, memoriza el artículo 149 de la Constitución; en la mayoría de los exámenes hay alguna pregunta sobre las materias exclusivas el Estado.

El Título IV de la Ley 39/2015, es el denominado “De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”, el cual se divide en 7 capítulos, que son:

  1. Garantías del procedimiento.
  2. Iniciación del procedimiento.
  3. Ordenación del procedimiento.
  4. Instrucción del procedimiento.
  5. Finalización del procedimiento.
  6. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
  7. Ejecución.

La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador

extinción del contrato por voluntad del trabajadorLa forma más habitual de extinguir la relación laboral entre el empresario y el trabajador es el despido puesto que normalmente es el empresario quien decide poner fin al contrato de trabajo. De acuerdo al principio de estabilidad en el empleo se presume que el trabajador quiere seguir prestando servicios y conservar su puesto de trabajo.

El artículo 35 de la Constitución española consagra el carácter libre de la relación laboral y el carácter personalísimo y voluntario de la misma, por ello el trabajador puede poner fin a la relación laboral de forma unilateral y sin mediar causa.

Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador

Los supuestos de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador se regulan en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores:

  • Por mutuo acuerdo de las partes
  • Por dimisión del trabajador
  • Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario

La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador existe tanto cuando hay una justa causa para resolver el contrato como cuando solo se trata de la mera voluntad del trabajador.

En concreto nos centraremos en dos supuestos de extinción del contrato por voluntad del trabajador: la dimisión del trabajador (artículo 49.1.d) Estatuto de los Trabajadores) y la extinción del contrato por voluntad del trabajador debido a incumplimientos del empresario (artículo 49.1.j) Estatuto de los Trabajadores).