Categoría: Potestad sancionadora

Los principios de la potestad sancionadora

Principios potestad sancionadoraLa Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, regula dentro del Título Preliminar en el capítulo tercero los principios de la potestad sancionadora.

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas tiene como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo del orden jurídico-administrativo vigente, e impidiendo que se consoliden situaciones antijurídicas e imponiendo sanciones administrativas a los responsables de los ilícitos administrativos.

Qué es la potestad sancionadora

Se puede definir como una prerrogativa que tienen las Administraciones Públicas. Este privilegio les permite corregir el incumplimiento de los mandatos legales mediante la imposición de sanciones, como respuesta a conductas tipificadas como infracción.

Características

  • Se trata de una potestad pública vinculada con la ley.
  • La Administración tiene la facultad de aplicar normas sancionadoras existentes y puede innovar el régimen jurídico sancionador.
  • Se trata de una potestad subordinada a la autoridad judicial. Esto supone que los órganos de la Administración no pueden llevar a cabo actuaciones sancionadoras sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal u otras leyes penales especiales.
  • El ejercicio de la potestad sancionadora influye sobre los derechos y libertades fundamentales de los administrados, se deben respetar el conjunto de derechos que reconoce la Constitución.
  • Esta potestad es puramente formal y se rige por el procedimiento sancionador. La garantía procedimental es muy importante en el ámbito punitivo.

Los principios de la potestad sancionadora

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común se regulan los principios del procedimiento administrativo, principios comunes a todo tipo de procedimiento y a mayores, el procedimiento sancionador tiene unos determinados principios, regulados en la Ley 40/2015