Categoría: Derecho Administrativo

Los principios de la potestad sancionadora

Principios potestad sancionadoraLa Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, regula dentro del Título Preliminar en el capítulo tercero los principios de la potestad sancionadora.

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas tiene como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo del orden jurídico-administrativo vigente, e impidiendo que se consoliden situaciones antijurídicas e imponiendo sanciones administrativas a los responsables de los ilícitos administrativos.

Qué es la potestad sancionadora

Se puede definir como una prerrogativa que tienen las Administraciones Públicas. Este privilegio les permite corregir el incumplimiento de los mandatos legales mediante la imposición de sanciones, como respuesta a conductas tipificadas como infracción.

Características

  • Se trata de una potestad pública vinculada con la ley.
  • La Administración tiene la facultad de aplicar normas sancionadoras existentes y puede innovar el régimen jurídico sancionador.
  • Se trata de una potestad subordinada a la autoridad judicial. Esto supone que los órganos de la Administración no pueden llevar a cabo actuaciones sancionadoras sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal u otras leyes penales especiales.
  • El ejercicio de la potestad sancionadora influye sobre los derechos y libertades fundamentales de los administrados, se deben respetar el conjunto de derechos que reconoce la Constitución.
  • Esta potestad es puramente formal y se rige por el procedimiento sancionador. La garantía procedimental es muy importante en el ámbito punitivo.

Los principios de la potestad sancionadora

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común se regulan los principios del procedimiento administrativo, principios comunes a todo tipo de procedimiento y a mayores, el procedimiento sancionador tiene unos determinados principios, regulados en la Ley 40/2015

¿Qué es el silencio administrativo?

qué es el silencio administrativoEl artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común regula la obligación que tiene la Administración de resolver y notificar en todos los procedimientos. Pero, ¿qué ocurre si la Administración no resuelve? Estamos ante la figura del silencio administrativo. Esta ausencia de resolución expresa por parte de la Administración, se puede tener por estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo).

Concepto

El silencio administrativo se produce cuando el ordenamiento jurídico atribuye unas consecuencias jurídicas a la falta de resolución expresa, dentro del plazo, por parte de la Administración. Viene recogido en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La finalidad de esta figura jurídica es, por un lado, salvaguardar los derechos e intereses de aquellos que formulan peticiones, reclamaciones o recursos no resueltos y por otro, en interés a la celeridad o eficacia administrativa.

Tipos de silencio administrativo

  • Silencio negativo: se presumen que la Administración deniega la petición, recurso o reclamación interpuesta por el interesado.
  • Silencio positivo: como la Administración no ha sido diligente y no ha resuelto y notificado en plazo, ese silencio se convierte en un acto positivo. Es decir, estimatorio de nuestras pretensiones. 

Si el procedimiento fue iniciado de oficio, los efectos del silencio serán diferentes de aquellos procedimiento que se inician a instancia de parte.

Los principios del procedimiento administrativo común

principios procedimiento administrativoTras la derogación de la Ley 30/1992, se han elaborado dos leyes independientes:

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados.
  • La ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público: fija la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, y el específico para la Administración General del Estado (AGE). Además, contiene las relaciones internas entre las Administraciones.

En un post anterior, explicamos las novedades la Ley 39/2015 . Ahora volvemos a hablar de esta ley, nos vamos a centrar en los principios del procedimiento administrativo común. Si te ves inmerso en cualquier asunto administrativo (temas de contratación pública, responsabilidad patrimonial, solicitud de subvenciones, uso de los bienes de dominio público, expropiaciones o expedientes sancionadores, entre otros), lo más recomendable es contar con el servicio de abogados administrativos especializados en asistencia y asesoramiento en procedimientos administrativos. Especialistas tanto en la Ley 39/2015 como en la Ley 40/2015, conocerán todas las fases del procedimiento, aplicarán la mejor estrategia y que más beneficie tu situación.

Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo

 La Constitución española establece en su art. 149.1.18º que es una competencia exclusiva del Estado aprobar “las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas., que garanticen en todo caso a los administrados un tratamiento común entre ellas; y, además el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.”

Nota/recomendación de la autora: Si eres opositor, memoriza el artículo 149 de la Constitución; en la mayoría de los exámenes hay alguna pregunta sobre las materias exclusivas el Estado.

El Título IV de la Ley 39/2015, es el denominado “De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”, el cual se divide en 7 capítulos, que son:

  1. Garantías del procedimiento.
  2. Iniciación del procedimiento.
  3. Ordenación del procedimiento.
  4. Instrucción del procedimiento.
  5. Finalización del procedimiento.
  6. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
  7. Ejecución.

La devolución de los gastos hipotecarios

devolución gastos hipotecariosEl 23 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde consideraba abusivas las cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas y por tanto, nulas de pleno derecho.

Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y aquellas prácticas no consentidas expresamente, en contra de las exigencias de la buena fe. Creando un perjuicio al consumidor y usuario. Se produce un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, así se recoge en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Igualmente el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios indica que también son abusivas aquellas cláusulas que hagan cargar al consumidor con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza corresponda al empresario. También aquellas que impongan el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

Se contravienen normas de carácter imperativo siendo la declaración de nulidad plenamente ajustada a derecho.

¿Cuáles son los gastos que puedo reclamar?

Los gastos hipotecarios son:

  • Los derivados del pago de notaría.
  • Los gastos de gestoría, siempre y cuando la impusiera el banco.
  • Gastos del Registro de Propiedad.
  • Los impuestos y la tasación que se pagaron en el momento de firmar la hipoteca. Respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) hay criterios dispersos sobre su devolución.

Estos gastos varían según la Comunidad Autónoma, el tipo de banco y el año de constitución. Pero aproximadamente serán unos 3.000 euros de devolución de los gastos hipotecarios.

Daños ambientales (III): los fosfoyesos de Huelva

fosfoyesos de HuelvaEl caso de los residuos de fosfoyesos en las marismas del Tinto (Huelva) se trata de un supuesto de exclusión de la responsabilidad medioambiental. Los residuos de los fosfoyeyos de Huelva se trata de un caso de fuerza mayor.

Historia del caso

En 1965 se instaló la empresa Fosfórico Español que se dedicaba a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico. La fabricación de este ácido creaba residuos llamados fosfoyesos y estos compuestos se almacenan en una balsa. Entre 1967 y 1968, se otorgan concesiones administrativas (Concesión de la Dirección General de Costas) a la empresa para que ocupara unas parcelas cerca del río Tinto para construir depósitos para recoger esos residuos y desde 1968 empezó a verter a la marisma del Tinto y a los cauces estos residuos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dio la licencia de vertido.

Se han estado vertiendo estos residuos en las marismas durante unos 45 años.

Esto ha supuesto graves problemas tanto al entorno como a la salud de las personas. Un Informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la situación ambiental y sanitaria de Huelva, indicó que hay un aumento en la mortalidad por cáncer y supera la media de otras provincias andaluzas.

La producción de este ácido pasó por varias empresas, la última que la adquirió fue Fertiberia. En 1995, presentó un proyecto para la reordenación de estos vertidos en respuesta del Plan Corrector de Vertidos Industriales para poder reducir la contaminación de la ría de Huelva. Se tenía que dejar de verter fosfoyesos y ocupar nuevas superficies aunque se permitía el depósito en altura.