Categoría: Curiosidades

¿La empresa puede solicitar el certificado de penales a sus trabajadores?

empresa puede solicitar el certificado de penalesEl antecedente penal es la constancia oficial de que una persona ha sido condenada en firme por la comisión de un delito. Solo pueden computarse como antecedentes penales las condenas firmes (sentencias condenatorias contra las que no cabe recurso) y sobre aquellos hechos que sean constitutivos de infracción penal calificados como delito.

No hay que confundir los antecedentes penales con los policiales, estos últimos consisten en que la policía recoge ciertos datos de las personas que están siendo investigados por infracciones o delitos pero no se han puesto aún a disposición judicial.

Los antecedentes penales son datos de carácter personal, de hecho están catalogados como datos especialmente protegidos. Son confidenciales y su divulgación está prohibida. Al tratarse de un dato de carácter personal, solicitarlo supone un acto de tratamiento de datos.

Nos centraremos en responder a la pregunta de si la empresa puede solicitar el certificado de penales, es decir, veremos si es lícito o no requerir este tipo de datos dentro del ámbito laboral.

El certificado de antecedentes penales

Se trata de un documento oficial donde figura la información contenida en el Registro Central de Penados. Es expedido  y validado por el Ministerio de Justicia.

El certificado de penales se puede solicitar por cualquier persona física mayor de edad, así como las personas jurídicas a través de sus representantes.

Se puede solicitar por varias vías:

  • De forma presencial
  • Por correo
  • Online.

Diferencia entre okupación y allanamiento de morada

Diferencia entre okupación y allanamiento de morada¿Si me voy de vacaciones y alguien entra en mi casa, es una okupación o un allanamiento? ¿Y si entran en mi segunda residencia? ¿O en la casa del pueblo de mis abuelos fallecidos? ¿o si entran en una casa propiedad del banco?

¿Es cierto que la ley protege más a los okupas que a los propietarios de los inmuebles? Para responder a esta pregunta y a todas las anteriores, primero tenemos que saber la diferencia entre okupación y allanamiento de morada.

La okupación (delito de usurpación) no es lo mismo que el delito de allanamiento de morada. Ambos afectan a bienes jurídico diferentes y tienen penas distintas. Estaremos ante un delito u otro dependiendo de la naturaleza del inmueble en el cual se ha entrado.

  • Si entran en tu vivienda, en tu morada = delito de allanamiento.
  • Si entran en un inmueble en desuso = delito de usurpación u okupación. 

Delito de allanamiento de morada

Se encuentra regulado en el art. 202 del Código Penal:

El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Consiste en entrar en el domicilio ajeno sin el consentimiento del titular. Por ejemplo: me voy de vacaciones y alguien entra en mi casa sin mi consentimiento mientras estoy fuera.

Protección de la morada

El artículo 18.2 de la Constitución establece que el domicilio es inviolable.

Volvemos al ejemplo anterior: me voy 15 días de vacaciones, el segundo día alguien entra en mi casa, me entero el octavo día que han “ocupado” mi vivienda. Mientras los allanadores estén en mi casa, el delito se sigue cometiendo. Se trata de un delito flagrante. Entonces la policía puede entrar y detener a la persona que ha entrado sin mi consentimiento a  mi casa. Viene recogido en la propia Constitución.

Art. 18.3 CE
El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Si se produce el delito de allanamiento de morada, una vez que se denuncien los hechos ante la Policía o Guardia Civil, no es necesario esperar a ninguna resolución judicial, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen la obligación de proceder a la detención de los allanadores y devolviendo la morada a su titular. 

¿Qué es el Habeas Corpus?

qué es el habeas corpusEl Habeas Corpus viene recogido en el artículo 17.4 de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución regula el derecho a la libertad y en su apartado cuarto hace referencia al procedimiento de habeas corpus cuando una persona es detenida ilegalmente.

Art. 17.4 CE
La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

¿Qué es el Habeas Corpus?

Se trata de un procedimiento que tiene como finalidad remediar una detención ilegal. Se trata de un derecho que tiene el detenido. Éste puede solicitar al Juzgado que determine si su detención se ha realizado en las condiciones legalmente establecidas. No funciona como un conjuro mágico ni sirve para que la policía te deje en libertad si lo invocas.

Mediante este procedimiento se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

El procedimiento de Habeas Corpus

La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, regula este procedimiento. Se trata de una ley orgánica porque regula un derecho fundamental.

Tienen legitimidad para iniciar este procedimiento:

  • El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
  • El Ministerio Fiscal.
  • El Defensor del Pueblo.
  • Lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente.

¿En qué consiste el estado de alarma?

que es el estado de alarmaDe acuerdo con el Artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En estos dos últimos estados (excepción y sitio) pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales.

Procede la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

La aplicación de las medidas que se tomen siempre debe ser proporcional al fin buscado. Debe publicarse el estado y las medidas en el BOE para que surta efectos jurídicos. Estos actos pueden ser impugnados en vía jurisdiccional, que es donde mirarán la proporcionalidad, la justificación y si hay abuso y si hay procedencia de la indemnización.

 Estado de Alarma

Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

El Decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

Situación de los trabajadores afectados por el coronavirus

derechos de los trabajadores afectados por el coronavirus

Actualizado

Con la situación global del coronavirus, ¿si las autoridades recomiendan a los trabajadores no acudir a trabajar y quedarse en casa? ¿sería abandono del puesto de trabajo? ¿me pagarían esos días que no he ido a trabajar? ¿si la empresa donde trabajo realiza una cuarentena preventiva, cuál sería mi situación?

Estas son algunas de las muchas dudas que surgen a los trabajadores que se puedan ver afectados por la situación del coronavirus.

¿Si no voy a trabajar me pueden despedir?

Si en nuestro país, debido a una emergencia sanitaria, recomiendan a los ciudadanos no salir de sus domicilios, la empresa no puede despedir a los trabajadores excusándose en abandono del puesto de trabajo. Se trataría de faltas justificadas.

¿Qué ocurre con el salario? ¿Me siguen pagando esos días que no puedo ir a trabajar? El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores nos da la respuesta.

Artículo 30 ET
Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo

Es decir, como la imposibilidad de prestar servicios no se puede imputar al empresario, éste puede descontar de la nómina el periodo de ausencias de los trabajadores puesto que se trata de una circunstancia ajena al control de la empresa.